CPS OPINA: «Este pacto no lo queremos, esa Europa tampoco»

Avaricia UE

CPS lo viene denunciando desde hace tiempo: no se puede construir Europa pensando sólo en los intereses del capital. La Europa de los mercaderes y de los banqueros no es la Europa que queremos. La cosa, por tanto, viene de lejos, y en ese largo proceso neoliberal de edificación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) es donde hay que situar buena parte de los problemas que padecemos en la actualidad.

La Unión Económica -en la actualidad compuesta por veintisiete países- fue establecida con la entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993 del Tratado de la Unión Europea, conocido en su momento como «Tratado de Maastricht». Este tratado preveía la supresión de las monedas nacionales por la moneda común –el euro- y  fijó  los llamados «criterios de convergencia» para referirse a unos parámetros de déficit, deuda pública y tipos de interés que eran de obligado cumplimiento para los países que quisieran integrarse en la UEM. Posteriormente, en 1997, la adopción del «Pacto de estabilidad y de crecimiento» sirvió para garantizar que, después de la entrada del euro, los países que accedieran a la Unión Monetaria siguieran manteniendo su disciplina fiscal. Con estos mimbres se definieron las bases jurídicas y políticas de una Unión que sólo ha pretendido, en realidad, construir un espacio monetario para el euro. El llamado «Pacto del euro» no representa más que una nueva vuelta de tuerca con el mismo propósito.

No hay duda de que la Unión Monetaria que puso a disposición de 17 estados de la UE  una moneda común ha sido enormemente provechosa para los empresarios, banqueros y mercaderes de la zona euro: les permitió materializar  sus aspiraciones  a un mercado único y disfrutar de las ventajas -no sólo económicas sino también geopolíticas- de disponer de una moneda de referencia como medio de pago y de reserva internacional. Más dudoso es que el proyecto haya beneficiado al conjunto de la ciudadanía, especialmente en la periferia de Europa. La Unión Monetaria se construyó transfiriendo soberanía nacional e inhabilitando las políticas  monetarias y cambiaras de cada país. En su día se advirtió que, en ausencia de una coordinación fiscal y de una política presupuestaria ambiciosa, los países de la periferia europea –como el caso de España- no tendrían otra forma de ajustar sus desequilibrios que mediante pérdidas continuadas de renta y un crecimiento imparable del desempleo. Pues bien, la hora de la verdad ha llegado: resquebrajada la ilusión de que por pertenecer a la zona euro nos podíamos endeudar ad eternum, nos obligan ahora a pagar las deudas aunque sea al precio de soportar cinco millones de parados y un deterioro continuado de las condiciones de vida de esa amplia mayoría social que en este drama ni siquiera hemos llegado a representar el papel de comparsa.

Los  jefes de gobierno de la UEM han asumido  una serie de directrices para profundizar las reformas en las relaciones laborales, en el sistema financiero o en las cuentas públicas de cada país. Es lo que se conoce como «el Pacto del euro»,  cuyas medidas propugnan, entre otras cosas, vincular los salarios a la productividad,  ampliar la edad de jubilación, trasvasar fondos a los planes privados de pensiones o introducir en las Constituciones de los estados la obligatoriedad de limitar los déficits públicos. Estas medidas no son la solución, sino parte del problema. Lo sabemos bien en España, que empezó a aplicar algunas antes de este Pacto. Europa se suicida en manos de unos gobiernos secuestrados por los poderes financieros. No nos gusta este pacto, no nos gusta esta Europa: queremos sencillamente la Europa de los ciudadanos/as.  En España y en Grecia, gracias al movimiento ciudadano 15M,  empezamos a albergar esta ilusión.


Santiago Alvarez Cantalapiedra