martes, 25 de junio de 2013

Austeridad y control político del conocimiento

 

CONTROL POLÍTICO DEL CONOCIMIENTO

Juan Torres López

Sistema Digital

Ya he explicado en otros artículos y en el libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero que escribí con Vicenç Navarro que los recortes de gasto que llevan consigo las políticas de austeridad son un auténtico engaño. Se justifican diciendo que solo con ellos se puede recortar la deuda para que a continuación vuelva a generarse crecimiento y empleo, pero lo que demuestran los estudios empíricos es lo contrario. Al recortar el gasto en etapas de recesión (ya de por sí de gasto insuficiente) lo que sucede es que disminuye la actividad, el empleo y los ingresos y que, por tanto, finalmente aumenta aún más la deuda.

Además, cuando estas políticas de recortes se presentan como de austeridad tienen también otro efecto no menos importante a la hora de garantizar el sometimiento de la población. Cuando lo que se reclama es la austeridad -algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo- se está sugiriendo que es imprescindible una terapia frente a un despilfarro anterior. O, como suele decirse, para pagar el pecado de haber vivido "por encima de nuestras posibilidades". Su imposición genera en la gente un sentimiento de culpa que atemoriza, confunde y paraliza.

Pero, con independencia de ello, los recortes de gasto público social también llevan consigo otras consecuencias muy peligrosas de los que se habla aún menos. Por ejemplo, un mayor control político del conocimiento.

Con la excusa de que hay que recortar gastos se ha reducido la financiación a la universidad pública y se están aprovechando los recortes para concederle un papel mucho más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años mediante los llamados sexenios (unos complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad investigadora y que se han convertido en medida de su "calidad") y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo las agencias de evaluación nacional o autonómicas.

Yo soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los universitarios. Y de hecho, cuando fui vicerrector de ordenación académica y profesorado de la universidad de Málaga entre 1987 y 1990, puse en marcha uno de los primeros procedimientos de evaluación que se realizaron en España, tanto en los dos primeros ciclos como en el doctorado.

Pero lo que ahora se está produciendo es un verdadero control político del conocimiento cuando se empiezan a establecer las nuevas obligaciones docentes (horas de clase) o cuando se hace depender la participación en comisiones de selección, la dirección de tesis doctorales o la promoción a las diferentes categorías contractuales o del funcionariado, entre otras cosas, en función de los sexenios o de la acreditación conseguidos en procesos de evaluación que, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, son claramente arbitrarios y muy sesgados ideológicamente.

En España como en otros países, estos procesos se basan originalmente en criterios puramente cuantitativos que simplifican al extremo la valoración de la producción científica, reduciendo o eliminando por completo cualquier atisbo de debate o controversia sobre su calidad efectiva, mediante la aplicación de índices que solo pueden tener en cuenta (en el mejor de los casos) el número de publicaciones más o menos ponderado por rangos no menos discutibles referentes a las revistas donde aparecen, y el número de citas.

Los efectos de este tipo de evaluaciones son claros. Los investigadores, en lugar de tener como objetivo de su actividad científica el descubrir nuevos conocimientos, han de orientarla necesariamente a obtener el mayor número de publicaciones consideradas como valiosas por dichos indicadores. Así ha de ser, pues de ello va a depender sus financiación, su promoción profesional, su capacidad de decisión y su incardinación en la academia o incluso las horas de clase que van a tener que impartir.

Ese incentivo perverso tiene multitud de efectos negativos. Así, se promueve la firma colectiva como práctica oportunista para lograr más y más rápidas aportaciones susceptibles de ser valoradas positivamente aunque en la mayoría de las veces eso no responda ni a la realidad de la actividad realizada por cada investigador, ni a necesidades de división del trabajo científico que se realiza.

Además, la exigencia de multiplicar al máximo la publicaciones lleva a que resulte más rentable a los investigadores el dedicarse a versionar sin descanso un trabajo, descubrimiento o planteamiento o modelo original a base de introducir muy pequeñas variaciones posteriores que se dirigen a diferentes revistas, sin que ninguna de ellas suponga alguna novedad importante o un incremento efectivo del conocimiento.

Un estudio realizado en Francia al respecto ha mostrado claramente que aunque el numero de publicaciones en el área de economía se ha triplicado desde la mitad de los años 90 del siglo pasado no puede decirse que haya mejorado sustancialmente su calidad ( Bosquet, C., Combes, P-Ph., y Linnemer, L., "La publication d'articles de recherche en économie en France en 2008. Disparités actuelles et évolutions depuis 1998". Rapport pour la Direction générale de la recherche et de l'innovation, DGRI , 2010 ).

Cualquier investigador que se comporte con un mínimo de racionalidad en este régimen de evaluación debe consagrar mucho más tiempo y esfuerzo a multiplicar las publicaciones preparando diversas versiones y a estar presente allí donde se puede conseguir influencia o redes que faciliten la publicación, que a investigar. Y así resulta que estos métodos de evaluación, aparentemente encaminados a medir la productividad y la calidad académica, incentivan comportamientos que limitan ésta última y que se basan en un sentido claramente distorsionado de la primera. No reflejan la productividad como una mayor capacidad de aportar conocimiento efectivo sino como la de colocar menores dosis de él en mayor número de publicaciones. Se promueve la productividad "publicacional", si vale el barbarismo, que no tiene mucho que ver en estas condiciones con la productividad científica.

La evaluación cuantitativa de los resultados del conocimiento tiene otro efecto no menos negativo. Para poder llevarla a cabo es por lo que se ha ido limitando a tomar en consideración los artículos publicados en revistas, que pueden ser jerarquizados y catalogados en función de dónde se publiquen, en detrimento del conocimiento publicado en libros o cualquier otro tipo de monografías, que hoy día no tienen prácticamente valor alguno, o muy escaso, a la hora de acreditarse o de ser evaluado para recibir sexenios.

Las consecuencias de esto último son variadas. Una es que los investigadores que quieran ser evaluados positivamente solo deben abordar temas que se puedan exponer en el espacio reducido y en la forma convencional que se suele establecer en las revistas. Tienen que renunciar así a exponer pasos intermedios, derivaciones de sus análisis, matices y, sobre todo, las dudas y preguntas y las cuestiones transversales y sintéticas que cada vez son más necesarias para poder conocer la realidad, pero que es casi imposible trasladar a los espacios muy especializados y por definición más cerrados, en todos los sentidos del término, de las revistas.

La generalización de la publicación en revistas ha estandarizado la expresión del conocimiento y el conocimiento mismo al establecer no solo el encuadre formal de los textos sino los contenidos, los enfoques, e incluso los postulados e hipótesis de partida "convenientes" en cada una de ellas, de modo que salirse de ese saber establecido conduce de modo prácticamente inevitable al ostracismo y a la imposibilidad de ser evaluado positivamente, pues es seguro que no se podrá publicar en las revistas que sirven de referencia como de mayor calidad e impacto.

Es por eso que el poder de evaluación efectivo recae en última instancia en los equipos que mantienen y evalúan las publicaciones en las revistas que encabezan los ranking de las más destacadas: las que están formados por miembros de los departamentos y grupos de investigación más destacados, que son aquellos cuyos miembros publican en las revistas más destacadas. Así se crea un círculo vicioso de conformismo y de redes de autentico clientelismo en donde es muy difícil que penetre la luz de enfoques novedosos, alternativos o contrarios a lo que habitualmente se publica en esas revistas por los autores solo de aquello que sus evaluadores consideran que es publicable, y que lógicamente nunca podrá ser diferente de lo que sostienen o defienden. ¿Cómo tratar de publicar en una revista si el autor o autores no se ajustan a los criterios de publicación o enfoques normalizados que mantiene?

En definitiva, el predominio de este tipo de evaluación ahoga la disidencia, la duda, la innovación, la ruptura con el saber establecido..., es decir, justo los factores que sabemos perfectamente que han sido siempre los que han promovido realmente el conocimiento y los que han hecho que de verdad avance la ciencia.

Lógicamente, no puede ser muy ajeno a todo ello el hecho de que la gestión de los trabajos que se incluyen en el Journal Citation Reports (JCR en la jerga de los investigadores) que sirve como base de referencia sacrosanta de la evaluación cuantitativa esté controlado por una sola y poderosa multinacional, Thompson Reuters, o que estos métodos de evaluación se hayan comenzado a aplicar con especial disciplina en ciencias sociales, y muy especialmente en economía, justo en los años en que se vienen imponiendo las políticas neoliberales. No es casualidad que éstas se justifiquen con el paradigma neoclásico que predomina en las publicaciones de las revistas mejor consideradas y lo cierto es que pueden aplicarse más cómodamente en la medida en que eludan más ampliamente la crítica social. Lo que puede conseguirse cuando el pensamiento económico y social en general se hiperespecializa y pierde el contacto con la realidad al desarrollar un tipo de conocimiento encerrado en sí mismo, abstracto y completamente ajeno a la complejidad e interconectividad que tienen los fenómenos económicos y sociales.

Ahora bien, si en casi todo el mundo viene ocurriendo todo esto, en España la situación es mucho más grave porque los procesos de evaluación son opacos y ni siquiera los criterios cuantitativos se aplican objetivamente sino a nuestra carpetovetónica manera clientelar y corrupta.

Aquí predomina una arbitrariedad constante que da lugar a decisiones contradictorias, a resoluciones caprichosas y sin fundamento alguno, que muchas veces no pueden disimular que se toman ad hoc o incluso ex post de haber decidido el resultado. En el caso particular de la economía, que mejor conozco, se han hecho fuertes grupos de poder de clara significación ideológica o al menos, por decirlo más sutilmente, de evidente connivencia paradigmática, que aplicando este tipo de criterios van consolidando una forma de investigar conservadora y uniformada que poco a poco va dejando fuera del juego académico a quienes optan por generar cualquier otro tipo de conocimiento o por difundirlo a través de otras publicaciones, cuyo impacto, por cierto, suele mucho mayor, la mayoría de las veces, que el de las revistas convencionales.

Al igual que pasa fuera de España, la producción bibliográfica mejor valorada en economía presenta, eso sí, una gran variedad de temáticas, pero una extraordinaria homogeneidad que se traduce en un gran irrealismo y abstracción, en una gran coincidencia en las perspectiva de análisis y en la asunción de conclusiones que terminan justificando un mismo tipo de políticas.

Es por eso que puede afirmarse que la imposición de este tipo sesgado de evaluación, en todos los campos del saber científico pero sobre todo en los que tienen más que ver con juicios de valor y con las diferentes preferencias sociales, como la economía, es un claro intento de control (político) del conocimiento que se acelera en estos momentos gracias a la oportunidad que proporcionan los recortes asociados a las políticas de austeridad.

Los resultados de son tan paradójicos y significativos como el que mencionaba recientemente el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, Holm-Detlev Köhler : la investigadora Saskia Sassen que acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, "una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio: tres publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en los últimos cinco años. Sassen no tiene ni una, sino que ha publicado libros e informes, fruto de proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, ha publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, etc., pero se ha resistido a la práctica de inflar su currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación mutua".

www.juantorreslopez.com

@juantorreslopez

Gatonegro  ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Italia: ¿por qué cambiar la Constitución republicana?

 

¿Es esta la plaza del pueblo?

Rossana Rossanda · · · · ·

23/06/13

¿Por qué orientarse a toda prisa hacia la reforma constitucional? ¿Por qué no hay más leyes que se adecúen a la Constitución, sino que es ésta la que debe plegarse a los dictados neoliberales? Y la obsesión de la “gobernabilidad” guía la nueva ley electoral. Detrás de los “acuerdos amplios”, el rediseño constitucional pisotea la democracia

No creo que ninguna de las democracias europeas tenga prisa por cambiar la Constitución propia como Italia. Abre uno el periódico y se encuentra día sí, día no el anuncio de modificaciones urgentes. El sábado pasado, el Presidente de la República nos ha informado de que cuidará de los tiempos de los cambios, que desea muy rápidos: aunque en un sistema como el nuestro, a decir verdad, su cometido no sería cuidarse de los plazos de los cambios sino de la fidelidad y permanencia de la ley fundamental sobre la cual se ha incardinado nuestra República.

Y por tanto de discutir, antes que ninguna otra cosa, si son necesarios los cambios, o bien, por el contrario, representan un vulnus [daño] a la imagen fundamental que nos hemos dado después del fascismo. ¿Qué es lo que habría cambiado en nuestra sociedad hasta el punto de tener que cambiar los principios establecidos en 1948? La verdad es que, como se ve fácilmente, ha cambiado sobre todo el punto de vista dominante sobre la estructura social, como si el triunfo del neoliberalismo sobre una implantación que era, como por doquier en Europa, más bien keynesiana, comportase no la adecuación de las leyes normales a los principios constitucionales – como debería ser – sino lo contrario. Es un problema, más bien – digámoslo – una “enfermedad” que debería hacer reflexionar.

De hecho, la primera parte de la Constitución de 1948, faltando por lo general una reglamentación legislativa, sigue siendo puramente optativa: que sea una republica fundada en el trabajo no es más que un buen deseo, como el derecho de cada uno a tener un empleo o una casa. La primera república ha vivido en su mismo interior el choque entre quien quería hacer efectivos estos principios y quien se oponía a ellos: han permanecido en gran parte irrealizados. La segunda o tercera república (depende de los puntos de vista) da en moverse bien a derecha, bien a izquierda, para modificar la segunda parte de la Constitución, es decir, el orden institucional italiano. Ya lo ha hecho sobre el Título V un gobierno de centroizquierda y ahora el de “acuerdos amplios” parece todo tentado nada menos que por el presidencialismo, preferiblemente “a la francesa”, porque parezca menos rígido, en la medida en que obliga al presidente, elegido por sufragio universal, a tener, sin embargo, el acuerdo del parlamento, aunque sea elegido por una mayoría diversa.

En verdad la francesa, ideada por De Gaulle, es una monarquía con ropaje republicano, bastante laica, pero en la cual honores y cargas son evidentísimos. Probablemente, De Gaulle la ha querido para hacer la paz en Argelia sin tener que pasar por las Cámaras, como ha abolido Mitterrand la pena de muerte. Pero se ha conseguido, y permanece, una clamorosa disminución del papel del Parlamento. Si Italia debe seguir esta vía, me parece elemental que deba discutirse de ello, al menos todo lo que discutieron los padres constituyentes; no sería decente que los “acuerdos amplios” entre dos o tres partidos grandes lo decidieran todo.

Por cuenta mía, como simple ciudadana que viene de lejos, pienso que ha de abrirse la discusión de inmediato y estoy lejos de creer que el presidencialismo sea una buena solución a problemas y obstáculos todos ellos políticos, y en absoluto institucionales. Resulta hasta estupefaciente que hoy muchos movimientos y todos los partidos, no sólo los Cinco Estrellas, pidan al máximo volver a acercar la política a los ciudadanos y el máximo de poder en las manos de uno solo, como sería con el presidente. Y la paradoja de la confusión que reina hoy. Y se debe al hecho de que los partidos, considerados por la Constitución canales necesarios de la representatividad, se han convertido por el contrario en el cuello de botella a través del cual queda constreñida la representación con los relativos defectos, cuando no la ilegalidad. En contra de sí mismos, los partidos no han aceptado hasta ahora dotarse de estatutos y de reglas que garanticen realmente la transparencia pero podrían dotarse de ellas.

Esto vale también para la financiación, que podría ser no sólo reducida sino sobre todo tal que garantizara que el sistema de partidos se renovase, en lugar de que, como ahora, reprodujera solamente a los fuertes. ¿Cómo puede presentarse hoy un partido nuevo? Son las elecciones las que confirman o desmienten la legitimidad y el papel, toda la cuestión del “voto útil” queda aquí empantanadas: si de partida en cada elección los diversos partidos están en distinta posición de fuerza  y de medios, es evidente que queda falseada toda competencia: ninguna competición deportiva aceptaría un sistema análogo. Por lo cual tenemos pocos grandes partidos dificilísimos de corroer y pequeñas formaciones que no llegan a afirmarse, o bien – variante que preocupa a unos y otros – derivas populistas, del todo ajenas a cualquier regla, generalmente en manos de un par de jefazos, más o menos carismáticos, alborotadores e incontrolados.

La dificultad de dotarse de una ley electoral que no sea la actual obra maestra de Calderoli [el controvertido y tramposo “Porcellum” ] viene de esta situación preliminar. Resulta sorprendente como se la acepta, como si fuese una necesidad y no una violación de ese principio constitucional por el cual todo ciudadano es igual en el voto y debería por tanto ser igual en el derecho a hacerse representar. Desde hace unos cuantos años, sea a derecha, sea a izquierda, este principio ha quedado abatido por la prioridad concedida al principio de “gobernabilidad”: en pobres palabras, eso significa rebasar la representación integral para asegurar artificialmente, a través de diques o premios, a una minoría expresada por el voto una mayoría de escaños en las instituciones legislativas. Que no se llegue a ello, porque desde casi ningún lado se quiere, ni siquiera a reducir el premio de mayoría actual, que desplaza del todo la representación, parece completamente sorprendente. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Es Italia realmente una democracia parlamentare o una oligarquía formada por las cúpulas de algunos grandes partidos, que dominan las instituciones? Alguien como yo piensa que los partidos son necesarios para reagrupar y ordenar las diversas ideas de sociedad y las medidas legislativas que se desprenden de ello: pero no son del todo la democracia en sí. Este es el problema principal de hoy e implica que se plantee de nuevo qué entendemos por democracia en 2013. El documento de Fabrizio Barca, que nadie discute en el  Parlamento, afronta de modo interesante el paso – que parece obligado – entre democracia representativa y formación del Estado. Paso que quedaría eliminado si se reconociese la diferencia radical entre el papel de los partidos y el papel, más bien naturaleza, del Estado.

Hasta aquí el cambiar o mantener la Constitución parece un tema que se remite a los órdenes institucionales, que son también esenciales, pero no se trata sólo de éstos. Toda la estructura de los derechos sociales depende de ello, ya que es evidente que lo que llamamos un tanto aproximativamente el welfare se expresa de modo diferente de acuerdo con las diferentes ideologías, a saber, la consciencia de sí y la propuesta de orden institucional y de sociedad que avanzan las diversas partes políticas y “sociales”. La ideología capitalista tiende a reducir el welfare, es decir, los derechos vitales de los ciudadanos, no sólo respecto al Estado sino a los poderes económicos: la izquierda más o menos socializante tiende, más bien  – a decir verdad, tendía –, a ampliarlo; la ideología “liberal”, a restringirlo.

Se deriva de ello una idea diversa, por no decir antagonista, de las principales reglas económicas: la derecha quiere reducir al mínimo la fiscalidad, entendida como presencia de un estado regulador con el objetivo de reducir las desigualdades. La izquierda tiende a ampliarla en sentido progresivo (con la excepción de la hipótesis comunista, que estaría también ella en línea con el principio antiestatalista, pero en concreto nunca ha llegado a serlo, es decir, a expresar un sistema de reglas que no sean “el Estado”). El mismo razonamiento vale para la política “económica”: la derecha quiere dejarla enteramente a la mano invisible del mercado, la izquierda la querría (la quería) capaz de enderezar las desigualdades en nombre del primado de la equidad (en qué medida es vago este concepto es otro discurso).

Inútil decir que las demás políticas “sociales” se siguen de ello. Predicar que entre ellas deban prevalecer “los acuerdos amplios” significa presumir la existencia de un interés común que en realidad no existe y, en la mejor de las hipótesis, dejar las cosas como están, a saber, en Italia, a un vasto predominio de los intereses constituidos del capital, hoy dominado por las finanzas; intereses que – está ya claro – no significan ni siquiera garantía de un crecimiento productivo, quizás cruel pero seguro. He aquí como a los ojos de una simple ciudadana se presenta el tema de las reformas institucionales y en ellas el del presidencialismo. Vale la pena, más bien es urgente, discutirlo del modo más claro y más a fondo. Puede suceder de hecho que las mismas premisas de las que parte la ciudadana abajo firmante deban ser objeto de discusión; pero entonces es necesario hacerlo del modo más explícito.

Rossana Rossanda es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

jueves, 13 de junio de 2013

Palabra de Rajoy

Julia Navarro 12/06/2013

  Web oficial Julia Navarro

"El paso que de verdad debería de dar no es solo no subirlo sino bajar el IVA"

El presidente lo ha dejado dicho en sede parlamentaria: no piensa subir el IVA ni aumentar la edad para cobrar la jubilación. Yo sin embargo me permito ser escéptica, no porque crea que el Presidente quiera engañarnos a los ciudadanos, sino porque si desde Bruselas tocan la trompeta y nos mandan subir el IVA, entonces Rajoy lo subirá. En cuanto a la reforma del sistema de pensiones tampoco las tengo todas conmigo. El famoso comité de expertos ya ha aconsejado que se congelen y además subir la edad de jubilación, es decir, lo mismo que se postula desde la UE. 
La verdad es que la subida del IVA está teniendo efectos demoledores sobre la economía, sencillamente porque todo es mucho más caro y así es difícil que nadie se anime a consumir.
   La subida del IVA en la cultura es un claro ejemplo del fracaso de esta medida. Por ejemplo, ahora vamos menos al cine que antes. Por no hablar de que compramos menos libros, o vamos menos al teatro.
   La crisis está afectando a todos los sectores, entre ellos la investigación y la cultura. Yo no sé como no se les cae la cara de vergüenza a nuestros responsables políticos cada vez que sale un investigador denunciando que se tiene que ir al extranjero a continuar con su trabajo, o que por falta de presupuestos se han suprimido determinados programas de investigación.
   Un país que no invierte en investigación no tiene futuro, y en nuestro país ningún Gobierno, y éste menos que los otros, se ha tomado en serio la investigación. Parece que la apuesta e es que seamos un país de servicios en vez de un país puntero en investigación y desarrollo. Lo dramático es que además tenemos muchos jóvenes con talento a los que el sistema les obliga a emigrar.
   Pero volvamos al IVA, hemos llegado a un punto en que la subida de impuestos está ahogando nuestra economía, de ahí que sea bienvenida la iniciativa del presidente extremeño, José Antonio Monago, que va a bajar los impuestos al 90% de sus conciudadanos ¡ahí es nada¡.
   Ya digo que Mariano Rajoy a preguntas del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran LLeida, ha afirmado ante el pleno del Congreso que no piensa subir el IVA. Ojalá cumpla, pero no solo eso, el paso que de verdad debería de dar no es solo no subirlo sino bajar el IVA y el resto de los impuestos a esa gran mayoría de ciudadanos que viven de las rentas de su trabajo. Eso sí, puestos a buscar dinero de los contribuyentes, seguro que lo encontrara en las Sicavs o entre las grandes fortunas.

domingo, 9 de junio de 2013

¿SOMOS LAICOS EN ESPAÑA?



 
 Tribunal Constitucional, ¿defiende la aconfesionalidad del Estado?

El informe '¿Somos laicos? 17 miradas sobre la laicidad'(Ediciones La Lluvia), de la Fundación Francesc Ferrer Guardia, refleja que “una de cada cuatro personas se declara adscrita a opciones de conciencia no religiosas”. Ese casi 25% de los ciudadanos es tres veces superior al de 1978, cuando se situaba en el 8%. En 2005 el porcentaje era del 17%. El 52% de la población española se declara religiosa. Sin embargo, la religión católica continúa recibiendo una grandísima financiación pública. En el anuario, el periodista Pere Rusiñol hace referencia a las “inmatriculaciones” por las que “el clero lleva tiempo registrando en nombre propio bienes que son de todos”. Una confesión que, aunque mayoritaria en el país, decrece y a pesar de ello vive en “marco sagrado [el Concordato y los acuerdos con el Vaticano] que incluye una multitud de privilegios económicos".
Esas prerrogativas suponen, según algunos estudios laicistas "un impacto superior a los 11.000 millones de euros al año y múltiples singularidades”, como la de no abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que la Iglesia ahorra 2.000 millones. Las estadísticas que recoge ¿Somos Laicos? contraponen en este aspecto financiero que los declarantes que sostienen económicamente a la Iglesia católica han caído 5,5 puntos desde 2000: hoy día son el 33,7%. Es decir, los fieles van aportando menos dinero a su colectividad pero el Estado mantiene un estatus mucho más favorecedor. La fotografía educativa señala que el 68% de los estudiantes en España acude a centros públicos (donde la alternativa a religión crece hasta el 56% de los matriculados). El resto estudia en colegios o institutos privados. El 80% de los privados son concertados, es decir, los sostienen fondos públicos sacados de los impuestos. Pues bien, el anuario refleja que el 69% de ellos son centros religiosos: 4.100 millones de euros de la Hacienda española financian estos centros. En el país, un poco más de la mitad de los estudiantes estudia religión. La otra mitad cursa asignaturas alternativas, una tendencia que ha crecido diez puntos en la última década: los alumnos abandonan religión. A pesar de esto, el proyecto de ley educativa del Partido Popular (la LOMCE) introduce el carácter de obligatorio y evaluable de cualquier materia que reciba a los que no desean la enseñanza religiosa con la idea de parar el éxodo. Y, además, puede añadirse que desde hace un par de cursos, de las aulas ha desaparecido la asignatura de Educación para la Ciudadanía según una de las firmas invitadas al anuario, el doctor en Filosofía Luis María Fuentes, por “el miedo a una ética cívica laica”.
Educación para la Ciudadanía nació, según se recuerda en el texto, “siguiendo la recomendación del Consejo de Europa de 2002 sobre la enseñanza de la materia Education for democratic citizenship en los sistemas educativos de la Unión Europea. El Gobierno de España había firmado en su momento esa recomendación y, por tanto, se había comprometido a su
cumplimiento”. La crítica inmediata sobre “adoctrinamiento” hizo que familias conservadoras acudieran a los tribunales para “objetar” de su estudio.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación, el compromiso con el Consejo de Europa se ha esfumado con el beneplácito de la Conferencia Episcopal. Un tercer aspecto analizado en este volumen es el de las libertades personales. En 2012 el Tribunal Constitucional refrendó definitivamente el matrimonio homosexual. Había sido uno de los caballos de batalla que había trazado la linde entre la configuración religiosa de la sociedad y la concepción laica de las relaciones entre personas. Actualmente, el 66% de los matrimonios escapa de los templos. Desde 2000, las uniones civiles no bajan del 60%, año a año. Y los nacimientos fuera del matrimonio (con la madre soltera) llegan al 37% cuando en 1990 se clavaron en el 9,6%. Los datos vuelven a hablar de una sociedad que se encuadra cada vez más en la línea laica y la reacción de los mecanismos de legislación y conformación de lo público a los que le cuesta adaptarse. Llegados a este punto, la legislación sobre el aborto, mirada en este documento, está a punto de devolver a España junto a los países que consideran la interrupción del embarazo algo que solo se puede justificar si hay “situaciones objetivas” que lo permitan. Ignasi Llorente subraya que eso “lo saca del terreno de la subjetividad, es decir, de la libertad”.
La mayoría de los países de la Unión Europea regula el aborto por plazos. De esta manera, la interrupción del embarazo hasta cierto momento es una decisión de la madre. Así funcionan en la UE (excepto Polonia o Irlanda), Estados Unidos y Asia (menos Japón). Por normas de supuestos (que hacen que la decisión la tomen instancias diferentes, terceros..), están los estados suramericanos (excepto Uruguay), Oriente Próximo, Oceanía y África (menos Suráfrica). España aprobó en 2010 una ley de plazos hasta la 14ª semana que en 2012 que el Gobierno de Partido Popular ha prometido deroga

lunes, 3 de junio de 2013

EL SUICIDIO AMENAZA SOCIAL

 

 

TANATORIO

 

El terrible incremento de los suicidios en Irlanda         

 

El lunes pasado la organización 3Ts (Turn the Tide of Suicide) anunció en Dublín la publicación del informe "El suicidio en Irlanda, 2003-2008". No es una lectura fácil.
Esta organización se fundó en el 2003 con el objetivo de modificar las actitudes de la opinión pública hacia el suicidio, concienciar a la población y presionar al gobierno irlandés para que tome cartas en este asunto, establezca fondos para la investigación y para aquellos grupos que
trabajan en las áreas de suicidio y autolesiones, así como para poner en marcha una línea de ayuda telefónica.

El informe es muy crítico con el fracaso del gobierno a la hora de desarrollar y financiar
estrategias de salud mental y concretamente para la prevención del suicidio y la autolesión, a pesar del incremento en las cifras de fallecidos por suicidio.
El informe estudia el suicidio en el Sur de Irlanda, pero muchas de sus conclusiones son igualmente aplicables en el Norte. Según el informe, el número real de ciudadanos que mueren por suicidio cada año es significativamente mayor el de las cifras oficiales. En el 2011, según
las estadísticas oficiales 525 personas habían muerto por suicidio. El informe de 3Ts eleva la cifra a 722.
El informe de 3Ts también revela el alarmante hecho de que un menor de 18 años muere por suicidio cada 18 días. Una de cada seis personas menores de 21 años que murió por suicidio lo hizo como consecuencia del "matonismo" (bullying). Los jóvenes menores de 21 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por suicidio. La República de Irlanda ocupa el cuarto
lugar en el índice de suicidios en Europa, una tendencia sin freno.
El estudio también encontró que casi la mitad de suicidios ocurren "en núcleos", esto es, una serie de suicidios sucede en un mismo lugar durante un breve período de tiempo. El informe también identifica el papel dañino, y en no pocas ocasiones fatal, que juega el alcohol en los casos de suicidio. El alcohol se encuentra en un 50% de todos los casos.
"El suicidio en Irlanda, 2003-2008" también describe el abandono de las familias, que han de enfrentarse solas con el trauma del suicidio. Muchas de ellas informaron de una experiencia negativa con la Gardaí [policía irlandesa, N.T.] y las primeras respuestas del personal de sanidad y educativo. Una familia declaró que su hijo "recibió varios puntos de sutura en
urgencias, una prescripción médica por un mes y fue enviado después a casa.“ Otra familia explicó cómo la persona que encontró a su mejor amigo muerto en casa por suicidio fue retenido por la policía durante seis horas.
Las estrategias del gobierno irlandés por atajar el suicidio no están funcionando, de manera muy evidente. La prevención contra el suicidio carece de recursos, la formación del personal de sanidad y educativo, así como de la Gardaí, es insuficiente, a pesar de ser quienes tienen que
ayudar a los que se encuentran en riesgo o a quienes están desconsolados tras el suceso.
El informe hace una serie de recomendaciones importantes. Llama a una alfabetización en materia de salud mental, esto es, a crear programas intensivos de intervención contra el suicidio en las escuelas y en las comunidades para los jóvenes en sus primeros años de
adolescencia. Defiende una "detección temprana del suicidio juvenil, y particularmente una mejor comprensión de los suicidios 'en núcleo' entre los jóvenes para encontrar la mejor manera de prevenirlos.“
El informe también llama a "mejorar la formación y supervisión de todos los trabajadores en las instituciones que trabajan con jóvenes para eliminar la posibilidad de matonismo, victimización o humillación de estos jóvenes por parte de las autoridades... un estudio más profundo del
papel y de la cultura del alcohol y su consumo entre los adolescentes y jóvenes...“
El impacto del suicidio en toda la isla es espantoso. En el Norte, en el 2011, 289 personas murieron por suicidio. En los seis condados hemos visto duplicarse los suicidios desde que
comenzó el siglo, convirtiéndose la región en una de las primeras en la tabla internacional de tasa de suicidios. Si sumamos las cifras de 2011, vemos que 1.000 personas fallecieron como consecuencia del suicidio en esta isla.
La cifra de muertes por accidente de tráfico en ese mismo período fue de 186 en el Sur y 59 en el Norte: un total de 245 muertes, aproximadamente una cuarta parte de los muertos por suicidios. A pesar de la enorme diferencia con respecto a las muertes por suicidio, no está garantizado el mismo nivel de fondos y recursos que se destina a la seguridad en nuestras
carreteras.
Las autolesiones son también una cuestión importante. Miles de pacientes llegan a los hospitales todos los años como resultado de lesiones autoinducidas que en muchos casos ni

siquiera se recogen como tales. En el 2008, 11.700 personas se presentaron en urgencias en el Sur presentando este cuadro.
Aunque el suicidio y las autolesiones se comprenden mejor ahora que hace año, y está comúnmente aceptado que víctimas y supervivientes del suicidio deben tratarse con compasión y cuidados médicos, la realidad es que sólo una proporción relativamente pequeña de nuestro presupuesto se destina a la salud mental.
La salud mental sigue siendo la Cenicienta de los servicios de salud. Hemos de poner fin a esta situación. La realidad es que existe una isla en estado de emergencia nacional con respecto al suicidio, y es una situación que requiere una respuesta nacional para toda la isla.
En mi opinión, tendría que existir una agencia independiente para la prevención del suicidio para toda la isla, construida sobre las mismas premisas que la autoridad para la seguridad de carreteras en el Sur, mancomunando los recursos de cada estado en una agencia general para
desarrollar y supervisar una estrategia que pudiera reducir el número de suicidios en Irlanda.

Gerry Adams es presidente del Sinn Fein y representante de la circunscripción de Louth/Meath East en el parlamento irlandés
Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

 www.sinpermiso.info