domingo, 9 de junio de 2013

¿SOMOS LAICOS EN ESPAÑA?



 
 Tribunal Constitucional, ¿defiende la aconfesionalidad del Estado?

El informe '¿Somos laicos? 17 miradas sobre la laicidad'(Ediciones La Lluvia), de la Fundación Francesc Ferrer Guardia, refleja que “una de cada cuatro personas se declara adscrita a opciones de conciencia no religiosas”. Ese casi 25% de los ciudadanos es tres veces superior al de 1978, cuando se situaba en el 8%. En 2005 el porcentaje era del 17%. El 52% de la población española se declara religiosa. Sin embargo, la religión católica continúa recibiendo una grandísima financiación pública. En el anuario, el periodista Pere Rusiñol hace referencia a las “inmatriculaciones” por las que “el clero lleva tiempo registrando en nombre propio bienes que son de todos”. Una confesión que, aunque mayoritaria en el país, decrece y a pesar de ello vive en “marco sagrado [el Concordato y los acuerdos con el Vaticano] que incluye una multitud de privilegios económicos".
Esas prerrogativas suponen, según algunos estudios laicistas "un impacto superior a los 11.000 millones de euros al año y múltiples singularidades”, como la de no abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que la Iglesia ahorra 2.000 millones. Las estadísticas que recoge ¿Somos Laicos? contraponen en este aspecto financiero que los declarantes que sostienen económicamente a la Iglesia católica han caído 5,5 puntos desde 2000: hoy día son el 33,7%. Es decir, los fieles van aportando menos dinero a su colectividad pero el Estado mantiene un estatus mucho más favorecedor. La fotografía educativa señala que el 68% de los estudiantes en España acude a centros públicos (donde la alternativa a religión crece hasta el 56% de los matriculados). El resto estudia en colegios o institutos privados. El 80% de los privados son concertados, es decir, los sostienen fondos públicos sacados de los impuestos. Pues bien, el anuario refleja que el 69% de ellos son centros religiosos: 4.100 millones de euros de la Hacienda española financian estos centros. En el país, un poco más de la mitad de los estudiantes estudia religión. La otra mitad cursa asignaturas alternativas, una tendencia que ha crecido diez puntos en la última década: los alumnos abandonan religión. A pesar de esto, el proyecto de ley educativa del Partido Popular (la LOMCE) introduce el carácter de obligatorio y evaluable de cualquier materia que reciba a los que no desean la enseñanza religiosa con la idea de parar el éxodo. Y, además, puede añadirse que desde hace un par de cursos, de las aulas ha desaparecido la asignatura de Educación para la Ciudadanía según una de las firmas invitadas al anuario, el doctor en Filosofía Luis María Fuentes, por “el miedo a una ética cívica laica”.
Educación para la Ciudadanía nació, según se recuerda en el texto, “siguiendo la recomendación del Consejo de Europa de 2002 sobre la enseñanza de la materia Education for democratic citizenship en los sistemas educativos de la Unión Europea. El Gobierno de España había firmado en su momento esa recomendación y, por tanto, se había comprometido a su
cumplimiento”. La crítica inmediata sobre “adoctrinamiento” hizo que familias conservadoras acudieran a los tribunales para “objetar” de su estudio.
Con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la nación, el compromiso con el Consejo de Europa se ha esfumado con el beneplácito de la Conferencia Episcopal. Un tercer aspecto analizado en este volumen es el de las libertades personales. En 2012 el Tribunal Constitucional refrendó definitivamente el matrimonio homosexual. Había sido uno de los caballos de batalla que había trazado la linde entre la configuración religiosa de la sociedad y la concepción laica de las relaciones entre personas. Actualmente, el 66% de los matrimonios escapa de los templos. Desde 2000, las uniones civiles no bajan del 60%, año a año. Y los nacimientos fuera del matrimonio (con la madre soltera) llegan al 37% cuando en 1990 se clavaron en el 9,6%. Los datos vuelven a hablar de una sociedad que se encuadra cada vez más en la línea laica y la reacción de los mecanismos de legislación y conformación de lo público a los que le cuesta adaptarse. Llegados a este punto, la legislación sobre el aborto, mirada en este documento, está a punto de devolver a España junto a los países que consideran la interrupción del embarazo algo que solo se puede justificar si hay “situaciones objetivas” que lo permitan. Ignasi Llorente subraya que eso “lo saca del terreno de la subjetividad, es decir, de la libertad”.
La mayoría de los países de la Unión Europea regula el aborto por plazos. De esta manera, la interrupción del embarazo hasta cierto momento es una decisión de la madre. Así funcionan en la UE (excepto Polonia o Irlanda), Estados Unidos y Asia (menos Japón). Por normas de supuestos (que hacen que la decisión la tomen instancias diferentes, terceros..), están los estados suramericanos (excepto Uruguay), Oriente Próximo, Oceanía y África (menos Suráfrica). España aprobó en 2010 una ley de plazos hasta la 14ª semana que en 2012 que el Gobierno de Partido Popular ha prometido deroga

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